En una entrevista concedida a un medio local, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, afirmó que “el Perú está viviendo un momento bisagra” y subrayó que el Parlamento tiene la responsabilidad de abordar en el corto plazo las facultades delegadas solicitadas por el Ejecutivo. Esta declaración se produce en un contexto de creciente inseguridad ciudadana y expansión de actividades ilícitas que amenazan el control estatal en diversas regiones del país.
El ministro advirtió que existen al menos dos organizaciones criminales internacionales que extorsionan a través de la minería ilegal, una actividad que, según sus cifras, ha superado al narcotráfico en términos de rentabilidad y capacidad de desestabilización. “Nos puede llevar, como Estado, a perder el control como ha sucedido en países hermanos”, enfatizó Álvarez, quien compareció ante los medios el 1 de setiembre de 2026.
Análisis y Desarrollo Minucioso de los Hechos
La solicitud de facultades delegadas forma parte de un paquete de medidas en materia de seguridad ciudadana que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa. Entre ellas, el ministro destacó la reforma del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y una modificación legislativa que permitiría integrar la labor de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para el orden interno. Estas acciones buscan responder a la creciente sofisticación de las redes criminales que operan en el país, especialmente en zonas de minería ilegal como Madre de Dios, Puno y Arequipa.
El titular de Justicia también se refirió a la necesidad de complementar el bloqueo de comunicaciones en los penales con el traslado de cabecillas de organizaciones criminales a establecimientos penitenciarios ubicados en zonas altoandinas. En esos lugares, según explicó, será más difícil para los líderes delictivos mantener contacto con sus redes o recibir visitas de otros miembros. “Tenemos que tomar medidas drásticas. El momento exige orden”, subrayó el ministro, quien insistió en que la ciudadanía demanda acciones contundentes contra la inseguridad.
Declaraciones, Testimonios y Posturas Oficiales
“El Perú está viviendo un momento bisagra. Hay dos organizaciones criminales internacionales que extorsionan en una actividad, como la minería ilegal, que ha superado en cifras al narcotráfico y nos puede llevar, como Estado, a perder el control como ha sucedido en países hermanos. Tenemos que tomar medidas drásticas. El momento exige orden.”
Las declaraciones de Álvarez se producen en un escenario donde el Congreso de la República evalúa la concesión de facultades delegadas al Ejecutivo. Diversos analistas políticos consideran que esta medida podría agilizar la implementación de reformas clave, aunque también genera debate sobre la concentración de poder. Expertos en seguridad consultados por este medio coinciden en que la minería ilegal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, superando incluso al narcotráfico en términos de impacto económico y social.
En ese sentido, el ministro Álvarez enfatizó que la reforma del INPE es urgente, pues el sistema penitenciario actual no garantiza la rehabilitación ni la seguridad. Asimismo, la integración de la Policía y las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno requiere un marco legal claro que evite vulneraciones a los derechos humanos. Organizaciones civiles han mostrado su preocupación por posibles excesos, pero el Ejecutivo asegura que las medidas se tomarán con estricto respeto a la ley.
Medidas Adoptadas, Desafíos y Panorama a Futuro
De aprobarse las facultades delegadas, el Ejecutivo podría implementar en un plazo de 90 días las reformas anunciadas. Entre las acciones inmediatas se contempla el fortalecimiento de los operativos contra la minería ilegal, la modernización de los centros penitenciarios y la creación de unidades especializadas para el traslado de reos de alta peligrosidad. No obstante, el desafío radica en la capacidad operativa del Estado para ejecutar estas medidas en regiones donde la presencia criminal es dominante.
El ministro Álvarez concluyó su intervención señalando que el Perú enfrenta una oportunidad histórica para recuperar el control territorial y frenar la expansión del crimen organizado. La decisión del Parlamento será crucial para determinar si el Ejecutivo cuenta con las herramientas necesarias para actuar con celeridad. Mientras tanto, la ciudadanía espera resultados concretos en materia de seguridad, un tema que se ha convertido en la principal preocupación nacional según las encuestas recientes.
Puntos clave de la noticia:
- El ministro Ernesto Álvarez advierte que la minería ilegal supera al narcotráfico en cifras.
- El Ejecutivo solicita facultades delegadas para reformar el INPE y coordinar a la Policía con las Fuerzas Armadas.
- Se plantea el traslado de cabecillas criminales a penales de zonas altoandinas.
- El Congreso debe decidir en el corto plazo sobre la concesión de facultades.
- Álvarez insiste en que “el momento exige orden” para enfrentar la inseguridad.
