El Estado peruano dio un paso decisivo en su modernización digital. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, aprobó los lineamientos que crean la figura del Oficial de Inteligencia Artificial (OIA), un funcionario que tendrá la misión de guiar la adopción estratégica, ética y segura de esta tecnología en cada entidad pública. La medida busca que la inteligencia artificial (IA) deje de ser un experimento aislado y se convierta en una herramienta concreta para mejorar los servicios que reciben millones de ciudadanos.
La decisión llega en un momento en que la IA generativa avanza a pasos agigantados en el sector privado, mientras el sector público enfrenta el desafío de regular su uso sin frenar la innovación. Según cifras oficiales, menos del 15% de las entidades estatales cuenta con alguna iniciativa formal de IA, y la mayoría de los proyectos piloto no superan la fase de prueba. Con este marco, el Ejecutivo pretende cerrar esa brecha y evitar que la tecnología se desarrolle sin controles éticos ni transparencia.
¿Qué hará exactamente el nuevo Oficial de Inteligencia Artificial?
El OIA no será un técnico enclaustrado en una oficina de sistemas. Sus funciones, detalladas en la directiva aprobada, abarcan desde la identificación de oportunidades para aplicar IA en la entidad hasta la supervisión de los riesgos asociados. Deberá formular el Plan de Acción de Inteligencia Artificial, que se integrará al Plan de Gobierno Digital de cada institución, y coordinará con las áreas de seguridad para que los algoritmos no vulneren derechos fundamentales. La norma también exige que este perfil cuente con formación universitaria, experiencia profesional y conocimientos técnicos en IA, además de idoneidad ética y un profundo conocimiento de la institución donde se desempeñará.
Requisitos y perfil del funcionario
No cualquier empleado podrá asumir el cargo. La PCM estableció que el OIA debe acreditar estudios universitarios concluidos, experiencia mínima de tres años en áreas relacionadas con transformación digital o gestión de proyectos tecnológicos, y capacitación específica en inteligencia artificial. Asimismo, se evaluará su conocimiento de la normativa de protección de datos personales y su compromiso con los principios de transparencia y no discriminación algorítmica. Las entidades tendrán un plazo de 90 días para designar a su oficial y comunicarlo a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
Impacto en el Ciudadano: ¿Cómo altera esta medida el día a día?
Efectos en la economía familiar y el bolsillo
A primera vista, la creación de un cargo público podría interpretarse como un gasto adicional. Sin embargo, la PCM aclaró que no se crearán nuevas plazas presupuestales: el OIA será un funcionario ya existente que asumirá estas funciones adicionales, con una compensación que no superará el 20% de su remuneración actual. El verdadero impacto económico para las familias está en la promesa de servicios más eficientes: menos colas en trámites, respuestas más rápidas en salud y educación, y una mejor asignación de los recursos públicos. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo estima que la digitalización de trámites puede reducir hasta en 40% los costos de desplazamiento y tiempo perdido para los ciudadanos.
Trámites, plazos y procedimientos prácticos
Las entidades públicas deberán designar a su OIA antes del 31 de marzo de 2026. El proceso incluye la evaluación interna del perfil, la emisión de una resolución de designación y la inscripción en el registro virtual que habilitará la PCM en su portal institucional. Los ciudadanos que deseen conocer quién es el OIA de su municipalidad o ministerio podrán consultarlo en la plataforma de Gobierno Digital, que se actualizará progresivamente. Además, se habilitará un canal de denuncias para reportar usos indebidos de IA en el Estado.
Servicios esenciales y vida cotidiana
La medida promete cambios palpables en sectores clave. En salud, los OIA podrán impulsar sistemas de diagnóstico asistido por IA en hospitales públicos, priorizando la privacidad de los pacientes. En educación, se evaluarán plataformas de aprendizaje personalizado para escuelas rurales. En seguridad, se supervisará el uso de algoritmos de videovigilancia para evitar sesgos discriminatorios. El transporte también se verá beneficiado: la IA podría optimizar rutas de buses y reducir tiempos de espera. Eso sí, cada implementación deberá pasar por una evaluación de impacto ético liderada por el OIA.
Declaraciones y Posturas de las Autoridades
“Con esta directiva, cumplimos un hito más hacia la modernización del Estado. Establecemos responsabilidades claras para que las entidades públicas aprovechen la inteligencia artificial de manera estratégica y responsable. Queremos un Estado más ágil, eficiente y digital”, señaló el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.
Las palabras de Galarreta contrastan con la lentitud de años anteriores, cuando los proyectos de digitalización quedaban atrapados en la burocracia. Especialistas en gobierno digital consultados para este artículo advierten que el éxito dependerá de la capacidad de convocatoria para atraer talento técnico al sector público, donde los salarios compiten desfavorablemente con la empresa privada. La PCM anunció que se firmarán convenios con universidades para capacitar a los futuros OIA y se evaluará la creación de una red nacional de oficiales que compartan buenas prácticas.
Panorama a Futuro: Próximos pasos e implementación
En las próximas semanas, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital publicará una guía metodológica para la elaboración de los planes de acción de IA y lanzará una plataforma de autoevaluación de riesgos algorítmicos. Para el segundo semestre de 2026 se espera la primera fiscalización del cumplimiento de los lineamientos, con énfasis en la transparencia de los algoritmos utilizados en trámites masivos. El balance periodístico es claro: el Perú se suma a la tendencia latinoamericana de nombrar responsables de IA en el Estado, pero el verdadero desafío será convertir el mandato en resultados tangibles para el ciudadano de a pie.
Claves indispensables para el ciudadano:
- Plazo máximo para designar al OIA: 31 de marzo de 2026.
- El OIA no genera nuevas plazas: es un funcionario existente con funciones adicionales.
- Los planes de acción de IA deben integrarse al Plan de Gobierno Digital de cada entidad.
- Canal de consulta y denuncias: plataforma de Gobierno Digital (www.gob.pe/transformaciondigital).
- Beneficio esperado: reducción de hasta 40% en tiempos de trámites para los ciudadanos.
