La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa (Tercer Despacho) logró una condena de cinco años de pena privativa de libertad suspendida por cuatro años bajo reglas de conducta, contra dos exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Cochapetí y dos implicados en la ejecución irregular de la represa Queullanca, en Huarmey.
Claves y detalles principales del anuncio
- Medidas institucionales: Se trata de Aquiles Blas, exsubgerente de Infraestructura; Germán Sánchez, exsupervisor; Deivis Solís, exresidente y el empresario Alexander Jara; todos sentenciados por el delito de colusión agravada.
- Detalles de la intervención: Tras admitir su delito y acogerse a la terminación anticipada, los procesados deberán pagar una reparación civil conjunta de S/ 285 750 en favor del Estado, cumplir cuatro años de inhabilitación para trabajar en la función pública y pagar una sanción de 365 días-multa equivalentes a S/ 4 234.30 cada uno.
- Información para la ciudadanía: Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios
Se trata de Aquiles Blas, exsubgerente de Infraestructura; Germán Sánchez, exsupervisor; Deivis Solís, exresidente y el empresario Alexander Jara; todos sentenciados por el delito de colusión agravada.
Tras admitir su delito y acogerse a la terminación anticipada, los procesados deberán pagar una reparación civil conjunta de S/ 285 750 en favor del Estado, cumplir cuatro años de inhabilitación para trabajar en la función pública y pagar una sanción de 365 días-multa equivalentes a S/ 4 234.30 cada uno.
El fiscal provincial Alejandro Galloso Asencio demostró que los involucrados se coludieron con el residente y el representante del Consorcio JIGAM E.I.R.L donde aprobaron y pagaron el 100% del presupuesto del proyecto «Mejoramiento de la represa Queullanca» por S/ 226 605.23 en Huarmey, a pesar de que la infraestructura presentaba partidas inconclusas y metrados no ejecutados
La Fiscalía demostró que los sentenciados para encubrir el engaño, fraguaron el acta de recepción de la obra utilizando la firma falsificada de un miembro del comité y perdonaron una multa de S/ 9 933.03 al contratista con la finalidad de dar una apariencia de legalidad al trámite.
El Ministerio Público reafirma su compromiso irrenunciable en la persecución de la corrupción, recordando que el direccionamiento y la simulación en obras públicas vulneran gravemente los derechos humanos de la población, privando a las comunidades rurales de recursos e infraestructura básica para su desarrollo integral y bienestar social.
Recomendaciones para la ciudadanía y próximos pasos
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios
