La seguridad ciudadana ocupa el primer lugar entre las prioridades de la Política General de Gobierno (PGG) 2026-2031, aprobada mediante el Decreto Supremo n.° 127-2026-PCM. La norma establece cinco ejes para orientar las decisiones del Estado frente a problemas que afectan directamente a la población, como la delincuencia, los desastres, las brechas en servicios, el empleo y la gobernabilidad. En esa línea refuerza la importancia del planeamiento estratégico para que estas decisiones se incorporen en la gestión de las entidades públicas y se traduzcan en resultados para la ciudadanía.
Detalles del operativo y coordinación institucional
La PGG, aprobada por el Consejo de Ministros, plantea como primer eje reducir la inseguridad que pone en riesgo la vida, la integridad y las actividades económicas de las personas. Entre sus lineamientos figuran disminuir los delitos violentos, la extorsión y la criminalidad organizada; mejorar el acceso a seguridad y justicia; reducir la capacidad de las redes criminales y recuperar espacios públicos y territorios afectados por la violencia y las economías ilícitas.
Las prioridades no se limitan a la seguridad. Los otros cuatro ejes apuntan a reducir la vulnerabilidad frente a desastres y al cambio climático; fortalecer la salud, la educación, la protección social y el acceso a servicios básicos; elevar la productividad con empleo formal e integración económica del territorio; y consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho.
Un aspecto relevante de la nueva política es su relación con el planeamiento estratégico del país. El decreto establece que sus ejes y lineamientos guardan concordancia con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050, formulado y actualizado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). De esta forma, las prioridades definidas para el periodo 2026-2031 se vinculan con el planeamiento nacional de largo plazo.
Este proceso también alcanza al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan), cuyo ente rector es el Ceplan. La disposición complementaria final del decreto señala expresamente que las entidades integrantes del Sinaplan deberán incorporar en sus instrumentos de planeamiento las medidas necesarias para cumplir la Política General de Gobierno.
La disposición sitúa al planeamiento como parte del proceso para traducir las prioridades gubernamentales en los instrumentos que orientan la gestión de las entidades públicas. En ese escenario, la rectoría del Ceplan en el Sinaplan y su vinculación con el PEDN al 2050 permiten que las prioridades del periodo 2026-2031 mantengan correspondencia con la orientación del desarrollo del país hacia el largo plazo.
El decreto refuerza la responsabilidad de disponer que las entidades integrantes del Sinaplan incorporen en sus instrumentos de planeamiento las medidas necesarias para cumplir la PGG 2026-2031. Esta disposición lleva las prioridades nacionales al trabajo de planificación que realizan las instituciones y exige que sean consideradas al definir sus acciones.
La PGG 2026-2031 es de aplicación inmediata para las entidades del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales y sus entidades adscritas, dentro de sus respectivas competencias. La norma dispone, además, que los ministros adopten las medidas necesarias para su cumplimiento y que los sectores evalúen la aprobación o actualización de las políticas nacionales bajo su responsabilidad.
Marco legal y medidas de fiscalización
Con estas disposiciones, la nueva Política General de Gobierno concentra la acción pública en asuntos que inciden de manera directa en la vida cotidiana: seguridad, atención de emergencias, salud, educación, agua segura, empleo, conectividad, justicia y fortalecimiento de las instituciones. Su incorporación al planeamiento de las entidades será parte del proceso para convertir esas prioridades en decisiones y acciones públicas orientadas a la ciudadanía.
