La Tercera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo de la fiscal Nelly Castro Olaechea, logró en apelación que el Poder Judicial revoque una absolución y condene a cuatro efectivos policiales, a quienes se les dictó una sentencia de nueve años y cuatro meses de prisión efectiva a cada uno, por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
Claves y detalles principales del anuncio
La condena alcanza al comandante PNP Ricardo Enrique Vargas Contreras, exjefe del Depincri Cercado de Lima, y a los suboficiales PNP Leo Santos Catunta Marín, Edwar Leoncio Concha Sarango y Alexander Ricardo Ayma Cornejo.
La resolución fijó además cinco años de inhabilitación con privación de sus grados policiales, así como el pago solidario de S/ 18 000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.
El caso, investigado en primera instancia por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, se remonta al 12 de abril de 2024. En aquel momento, los agentes del Grupo «B» de Inteligencia intervinieron arbitrariamente a un ciudadano en el jirón Conchucos en el distrito de Lima y lo trasladaron a la sede policial, donde omitieron registrar su ingreso, lo agredieron físicamente y amenazaron con «sembrarle» droga si no entregaba S/ 5000 a cambio de su libertad.
En coordinación con el comandante Vargas Contreras, los malos elementos redujeron la exigencia a S/ 2500 y, al no contar con el monto completo, retuvieron la motocicleta de la víctima como «garantía» y lo dejaron salir de madrugada para conseguir el efectivo. Tras la inmediata denuncia del afectado ante el Ministerio Público, se ejecutó un operativo que permitió intervenir en flagrancia a los involucrados.
Durante el proceso, se demostró la culpabilidad de los agentes con pruebas sólidas: el testimonio de un colaborador eficaz, peritajes grafotécnicos y la prueba documental que confirmó la omisión del detenido en los registros oficiales. Asimismo, los reportes de llamadas, chats de WhatsApp y el hallazgo de billetes impregnados con reactivos químicos dentro de un escritorio de la dependencia policial.
La sustentación en segunda instancia estuvo a cargo del fiscal adjunto superior Juan Manuel Pilares Luna. Cabe destacar la relevancia jurídica de este fallo, al tratarse de una de las pocas sentencias de segunda instancia que revoca directamente la absolución para reformarla por una condena efectiva, evitando así la nulidad y el inicio de un nuevo juicio oral con las dilaciones procesales que ello genera.
Recomendaciones para la ciudadanía y próximos pasos
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios
