El Gobierno de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, ha presentado una propuesta para trasladar a internos procesados o sentenciados por delitos de menor peligrosidad, entre ellos quienes cumplen prisión por omisión de asistencia familiar, a hangares temporales acondicionados en instalaciones militares que se encuentran en desuso. La medida, anunciada el 10 de setiembre de 2026, busca reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y permitir que el personal concentre sus esfuerzos en el control de los internos de mayor peligrosidad. La iniciativa forma parte del pedido de facultades legislativas presentado al Congreso para reformar el sistema penitenciario y fortalecer la seguridad ciudadana.
Según información del Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP), a mayo de 2026, 2672 personas se encontraban recluidas por incumplimiento de la obligación alimentaria: 710 procesadas y 1962 con sentencia efectiva. Esta cifra evidencia la magnitud del problema de hacinamiento que afecta a los penales del país, donde la sobrepoblación alcanza niveles críticos. La propuesta gubernamental contempla identificar espacios adecuados y habilitar instalaciones temporales que permitan albergar de manera segura a internos de mínima peligrosidad o que no hayan cometido delitos violentos, bajo estrictas medidas de seguridad y control.
Análisis y Desarrollo Minucioso de los Hechos
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que el Ministerio de Defensa viene coordinando la habilitación de hangares en desuso para el traslado de internos de menor peligrosidad. Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia que también plantea restringir beneficios que permiten reducir las penas por terminación anticipada para los delitos de extorsión, sicariato y secuestro. Asimismo, ante el déficit de personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que actualmente cuenta con poco más de 7000 agentes, se propone autorizar la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en el resguardo externo de los establecimientos penitenciarios. Con esta medida, el personal del INPE podrá concentrarse en mantener el orden y la seguridad dentro de los penales.
La iniciativa gubernamental responde a una crisis estructural del sistema penitenciario peruano, que arrastra décadas de abandono y falta de inversión. La sobrepoblación carcelaria ha sido señalada reiteradamente por organismos de derechos humanos como un factor que vulnera la dignidad de los reclusos y dificulta su rehabilitación. En este contexto, la propuesta de utilizar hangares militares en desuso representa una solución temporal que busca aliviar la presión sobre los penales, aunque expertos advierten que no ataca las causas profundas del problema. La medida también incluye la restricción de beneficios penales para delitos graves, lo que podría generar tensiones en el ámbito judicial y penitenciario.
Declaraciones, Testimonios y Posturas Oficiales
«El Ministerio de Defensa viene coordinando la habilitación de hangares en desuso para el traslado de internos de menor peligrosidad. Esta medida permitirá reducir el hacinamiento y concentrar los esfuerzos en los internos de mayor peligrosidad. Además, se están evaluando restricciones a los beneficios penales para delitos graves como extorsión, sicariato y secuestro», afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por las condiciones en que se mantendría a los internos en estas instalaciones temporales. Señalan que los hangares militares no fueron diseñados para albergar personas y que podrían no cumplir con los estándares mínimos de habitabilidad. Asimismo, advierten que el traslado de internos por omisión de asistencia familiar podría afectar a personas que, en muchos casos, no representan un peligro para la sociedad y que podrían acceder a medidas alternativas a la prisión. El debate sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo externo de los penales también genera controversia, ya que algunos sectores consideran que militariza la seguridad penitenciaria.
En contraste, el Gobierno sostiene que la medida es necesaria para enfrentar la emergencia penitenciaria y que se implementará con estrictos protocolos de seguridad. La propuesta de facultades legislativas incluye también reformas para agilizar los procesos judiciales y mejorar la infraestructura penitenciaria a largo plazo. Sin embargo, el éxito de la iniciativa dependerá de la capacidad de coordinación entre el Ministerio de Defensa, el INPE y el Poder Judicial, así como de la asignación de recursos suficientes para acondicionar los espacios y garantizar condiciones dignas.
Medidas Adoptadas, Desafíos y Panorama a Futuro
El paquete de medidas presentado al Congreso incluye la solicitud de facultades legislativas para reformar el sistema penitenciario. El Gobierno espera que el Parlamento debata y apruebe la propuesta en los próximos meses, aunque aún no se ha establecido un plazo definitivo. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ya habría identificado algunos hangares en desuso que podrían ser acondicionados para recibir a los internos de menor peligrosidad. Se prevé que el traslado se realice de manera gradual, comenzando con los casos de omisión de asistencia familiar, que suman 2672 personas según el SIEP.
La implementación de esta medida enfrenta varios desafíos, entre ellos la resistencia de algunos sectores políticos y sociales, la necesidad de garantizar la seguridad en las nuevas instalaciones y la capacitación del personal a cargo. Además, el déficit de agentes del INPE, que supera los 7000 efectivos, plantea la urgencia de autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo externo. El Gobierno confía en que estas acciones permitirán reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones del sistema penitenciario, pero expertos advierten que se requiere una reforma integral que incluya inversión en infraestructura, programas de rehabilitación y políticas de prevención del delito. El balance final dependerá de la voluntad política y la capacidad de ejecución de las autoridades.
Puntos clave de la noticia:
- El Gobierno propone trasladar a internos de menor peligrosidad a hangares militares en desuso para descongestionar los penales.
- Según el SIEP, a mayo de 2026, 2672 personas estaban recluidas por incumplimiento de la obligación alimentaria: 710 procesadas y 1962 con sentencia efectiva.
- La medida incluye restringir beneficios penales para delitos de extorsión, sicariato y secuestro, y autorizar la participación temporal de las Fuerzas Armadas en el resguardo externo.
- El INPE cuenta con poco más de 7000 agentes, insuficientes para atender la sobrepoblación carcelaria.
- El pedido de facultades legislativas al Congreso busca reformar el sistema penitenciario y fortalecer la seguridad ciudadana.
