Ejecutivo oficializa estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por 60 días
Mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM, el Ejecutivo oficializó la medida para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. La PNP controlará el orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 60 días calendario, mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM, publicado el 28 de agosto de 2026 en el diario oficial El Peruano. La medida busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado y otras situaciones de violencia que afectan el orden interno.
Control del orden interno
Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. Las zonas de intervención serán definidas con base en información de inteligencia, mapas del delito, estadísticas e indicadores.
El decreto crea un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el Comandante General de la PNP, que articulará las acciones de las instituciones involucradas, entre ellas los gobiernos locales. También se conformarán comités especializados de coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica, con participación de diversas entidades del Estado.
Acciones en zonas críticas
Las fuerzas integradas, conformadas por la PNP, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, ejecutarán control territorial, patrullaje permanente y disuasivo, rastrillajes y operativos de control de identidad en las zonas críticas identificadas.
Se intensificarán los operativos contra armas, municiones, explosivos ilegales y pirotécnicos, así como la fiscalización de mercados ilegales vinculados a drogas, armas, autopartes, tarjetas SIM y equipos celulares de dudosa procedencia. Además, se fortalecerá la inteligencia policial, penitenciaria y financiera con herramientas como videovigilancia, drones e imágenes satelitales.
El decreto también dispone reforzar el control penitenciario, combatir las comunicaciones ilícitas desde los penales y agilizar la respuesta del Ministerio Público y el Poder Judicial. Durante la vigencia de la medida, se difundirá el sistema de recompensas para promover la colaboración ciudadana en la captura de requisitoriados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.
La declaratoria implica la restricción o suspensión de derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, en los términos previstos por la Constitución Política del Perú.
Fuente: Ministerio del Interior